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Negarse a identificarse no siempre es un delito
STS NÚM. 631/2026, DE 22 DE OCTUBRE | SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO |
Ponente: Excmo. sr. d. Javier Hernández García
Negarse a identificarse no siempre es un delito
El 23 de mayo de 2020, tres personas se encontraban en una fiesta en Melilla sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad; cuando agentes de la Guardia Civil les requirieron que se identificasen para ser propuestos para sanción administrativa, se negaron de forma reiterada en múltiples ocasiones. El Juzgado de lo Penal de Melilla los condenó como autores de un delito de desobediencia grave del artículo 556.1 del Código Penal, con una pena de diez meses de multa a seis euros de cuota diaria —1.800 euros— y responsabilidad personal subsidiaria de 150 días de privación de libertad en caso de impago. La Audiencia Provincial de Málaga desestimó el recurso de apelación y confirmó la condena íntegramente.
El Tribunal Supremo identificó en este asunto una cuestión de significativa relevancia y particular complejidad: el deslinde entre el tipo penal de desobediencia del artículo 556 CP y el tipo administrativo del artículo 36.6 de la LO 4/2015. En la práctica cotidiana de los tribunales, la frontera entre ambas figuras no siempre ha estado trazada con nitidez, lo que generaba una cierta inseguridad sobre cuándo una negativa a identificarse pasa de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito.
En las conductas generales de desobediencia, el legislador hace bascular la distinción en el elemento de la gravedad, cuya medición se anuda, por lo general, a elementos cuantitativos como la negativa persistente y reiterada. Pero junto a esos indicadores, ha de tomarse también en cuenta el grado de afectación del bien jurídico, pues la intervención penal reclama siempre un grado de lesión cualificada de las legítimas potestades de ordenación atribuidas a las autoridades y sus agentes. El Tribunal añade un criterio funcional decisivo: la LO 4/2015 no solo tipifica la negativa a identificarse como infracción administrativa específica, sino que también establece un reforzado mecanismo de autotutela administrativa —el traslado a dependencias policiales hasta seis horas, ex artículo 16.2—, lo que otorga a esta conducta una regulación integral y autónoma.
La completitud de esa respuesta administrativa comporta, para evitar el «derroche de coerción penal» en clásica fórmula del Tribunal Constitucional, limitar la intervención penal a aquellos supuestos en los que la negativa del requerido a identificarse, por su particular intensidad, impida o dificulte significativamente a los agentes hacer cumplir el mandato mediante los mecanismos previstos en la norma orgánica. El tránsito de la infracción administrativa al delito de desobediencia grave solo puede justificarse si la conducta viene acompañada de elementos de desvalor adicionales que intensifiquen la lesión del bien jurídico; no depende de que la negativa se reitere, sino de que, atendida su intensidad y las circunstancias concurrentes, se impida o dificulte de manera significativa la función identificativa encomendada a los agentes.
Como contraste, el Tribunal cita la STS 1027/2025, de 11 de diciembre, en la que sí se confirmó la condena por delito del artículo 556 CP: además de negarse a ponerse la mascarilla y a identificarse, la persona condenada se lanzó al suelo mostrando una fuerte resistencia al traslado a dependencias policiales, lo que obligó a los agentes a emplear la fuerza mínima indispensable para vencerla. La diferencia con el caso de Melilla es nítida: allí hubo resistencia física activa con obstrucción real de la función policial; aquí, únicamente una negativa verbal reiterada.
En el caso enjuiciado, el hecho probado no contenía elementos suficientes —más allá de la imprecisa referencia a la reiteración— para considerar que la negativa superara el desvalor de la infracción administrativa: nada se describió sobre el curso posterior de la intervención policial, si se activó o no el mecanismo del artículo 16.2 de la LO 4/2015, ni por qué razón no pudo hacerse, lo que evidenció un error de subsunción. En consecuencia, el Tribunal Supremo absolvió a los tres acusados del delito por el que venían siendo condenados.
La doctrina fijada tiene implicaciones prácticas muy relevantes para los órganos instructores: El Tribunal advierte que los atestados y escritos de acusación deben describir con detalle el curso de la intervención policial —en particular, si se intentó o no activar el traslado a dependencias— porque la ausencia de esa descripción es, precisamente, lo que privó de sustento material a las condenas en este caso.
Llorenç Salvà
Socio y abogado de RocaJunyent - Riutord Abogados.






