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RocaJunyent - Riutord Abogados es una firma de servicios legales, con ubicación en Mallorca e Ibiza, dedicada al asesoramiento jurídico de empresas, instituciones y particulares; especializada en cada una de las ramas del derecho y que cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico integral a nivel nacional e internacional.


Ofrecemos asesoramiento a nivel de las Islas Baleares y, a través de la colaboración con nuestro despacho asociado Roca Junyent, un asesoramiento a nivel nacional e internacional.

La confianza y compromiso son los pilares en los que se fundamentan nuestra relación con los clientes. El trabajo en equipo, la honestidad y la satisfacción con el trabajo realizado, tanto propia como del cliente, son nuestros motores internos.

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Por Llorenç Salvà • 19 de noviembre de 2026
STS NÚM. 631/2026, DE 22 DE OCTUBRE | SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO | Ponente: Excmo. sr. d. Javier Hernández García Negarse a identificarse no siempre es un delito El 23 de mayo de 2020, tres personas se encontraban en una fiesta en Melilla sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad; cuando agentes de la Guardia Civil les requirieron que se identificasen para ser propuestos para sanción administrativa, se negaron de forma reiterada en múltiples ocasiones. El Juzgado de lo Penal de Melilla los condenó como autores de un delito de desobediencia grave del artículo 556.1 del Código Penal, con una pena de diez meses de multa a seis euros de cuota diaria —1.800 euros— y responsabilidad personal subsidiaria de 150 días de privación de libertad en caso de impago. La Audiencia Provincial de Málaga desestimó el recurso de apelación y confirmó la condena íntegramente. El Tribunal Supremo identificó en este asunto una cuestión de significativa relevancia y particular complejidad: el deslinde entre el tipo penal de desobediencia del artículo 556 CP y el tipo administrativo del artículo 36.6 de la LO 4/2015. En la práctica cotidiana de los tribunales, la frontera entre ambas figuras no siempre ha estado trazada con nitidez, lo que generaba una cierta inseguridad sobre cuándo una negativa a identificarse pasa de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito. En las conductas generales de desobediencia, el legislador hace bascular la distinción en el elemento de la gravedad, cuya medición se anuda, por lo general, a elementos cuantitativos como la negativa persistente y reiterada. Pero junto a esos indicadores, ha de tomarse también en cuenta el grado de afectación del bien jurídico, pues la intervención penal reclama siempre un grado de lesión cualificada de las legítimas potestades de ordenación atribuidas a las autoridades y sus agentes. El Tribunal añade un criterio funcional decisivo: la LO 4/2015 no solo tipifica la negativa a identificarse como infracción administrativa específica, sino que también establece un reforzado mecanismo de autotutela administrativa —el traslado a dependencias policiales hasta seis horas, ex artículo 16.2—, lo que otorga a esta conducta una regulación integral y autónoma. La completitud de esa respuesta administrativa comporta, para evitar el «derroche de coerción penal» en clásica fórmula del Tribunal Constitucional, limitar la intervención penal a aquellos supuestos en los que la negativa del requerido a identificarse, por su particular intensidad, impida o dificulte significativamente a los agentes hacer cumplir el mandato mediante los mecanismos previstos en la norma orgánica. El tránsito de la infracción administrativa al delito de desobediencia grave solo puede justificarse si la conducta viene acompañada de elementos de desvalor adicionales que intensifiquen la lesión del bien jurídico; no depende de que la negativa se reitere, sino de que, atendida su intensidad y las circunstancias concurrentes, se impida o dificulte de manera significativa la función identificativa encomendada a los agentes. Como contraste, el Tribunal cita la STS 1027/2025, de 11 de diciembre, en la que sí se confirmó la condena por delito del artículo 556 CP: además de negarse a ponerse la mascarilla y a identificarse, la persona condenada se lanzó al suelo mostrando una fuerte resistencia al traslado a dependencias policiales, lo que obligó a los agentes a emplear la fuerza mínima indispensable para vencerla. La diferencia con el caso de Melilla es nítida: allí hubo resistencia física activa con obstrucción real de la función policial; aquí, únicamente una negativa verbal reiterada. En el caso enjuiciado, el hecho probado no contenía elementos suficientes —más allá de la imprecisa referencia a la reiteración— para considerar que la negativa superara el desvalor de la infracción administrativa: nada se describió sobre el curso posterior de la intervención policial, si se activó o no el mecanismo del artículo 16.2 de la LO 4/2015, ni por qué razón no pudo hacerse, lo que evidenció un error de subsunción. En consecuencia, el Tribunal Supremo absolvió a los tres acusados del delito por el que venían siendo condenados. La doctrina fijada tiene implicaciones prácticas muy relevantes para los órganos instructores: El Tribunal advierte que los atestados y escritos de acusación deben describir con detalle el curso de la intervención policial —en particular, si se intentó o no activar el traslado a dependencias— porque la ausencia de esa descripción es, precisamente, lo que privó de sustento material a las condenas en este caso. Llorenç Salvà Socio y abogado de RocaJunyent - Riutord Abogados.
Por Antoni Amengual • 11 de noviembre de 2026
Una vía excepcional que también permite legalizar usos y actividades La Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears -DA7-, es conocida por la legalización extraordinaria de viviendas en suelo rústico. Pero su ámbito comprende también las edificaciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico respecto de los cuales, al presentarse la solicitud, ya no sea exigible adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística. La singularidad radica en que permite esa legalización sin aplicar las condiciones y parámetros urbanísticos y de ordenación territorial exigibles con carácter general. Se trata, por tanto, de una excepción al régimen ordinario, aunque delimitada por los requisitos y exclusiones de la propia disposición. Entre ellas destaca la del apartado 5.e, relativa a actividades vinculadas a usos prohibidos conforme a la Ley del Suelo Rústico y al resto de normativa aplicable. Su correcta interpretación resulta decisiva para determinar si una actividad vinculada a un uso condicionado puede acceder a la legalización extraordinaria. Usos condicionados en Mallorca: cuándo es viable la legalización. Debemos realizar una distinción de partida: uso condicionado no equivale a uso prohibido. Los artículos 18 y 19 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears -LSR- son claves en este aspecto. El primero establece que las actividades se regulan atendiendo al uso al que se vinculan y distingue tres clases: usos admitidos, condicionados y prohibidos. El artículo 19.2 define los usos condicionados como aquellos que pueden efectuarse en la forma establecida por el planeamiento, mediante requisitos y procedimientos dirigidos a garantizar que su incidencia sea admisible o resulte minimizada. Destacando la vivienda unifamiliar y los usos vinculados a actividades declaradas de interés general. Por el contrario, el artículo 19.3 LSR reserva la categoría de prohibidos a los usos respecto de los cuales no puede autorizarse ninguna actividad por resultar incompatible su incidencia con la protección del suelo rústico. La consecuencia es relevante, la falta de autorización de un uso condicionado no lo convierte, por sí sola, en un uso prohibido. Tampoco cabe equiparar automáticamente el incumplimiento de condiciones ordinarias de implantación con la prohibición material del uso a efectos de la DA 7.5.e. La clasificación legal debe concretarse mediante el Anexo I de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial -DOT-. Su matriz de ordenación del suelo rústico, de aplicación inmediata y directa conforme al artículo 4.1, distingue el uso condicionado (clave 2) del prohibido con excepciones del PTI (clave 2-3). Esta diferencia impide tratar ambas claves como equivalentes. Además, la matriz constituye un nivel mínimo de protección que puede ser incrementado por la ordenación territorial y urbanística. En Mallorca, la Norma 15 de su Plan Territorial -PTM- conecta el régimen de usos con la matriz de las DOT y las normas posteriores desarrollan las distintas actividades. A ello se añade la Disposición Adicional Séptima del propio PTIM, que reconoce la prevalencia de las determinaciones municipales que supongan mayor restricción o protección territorial. Así mismo es importante señalar que, en el régimen ordinario, el artículo 26.1 LSR exige declaración de interés general para las actividades relacionadas con usos no prohibidos distintos de los admitidos y de la vivienda unifamiliar. Sin embargo, la DA 7.6 declara expresamente que esa declaración no es exigible en el expediente de legalización extraordinaria. Por ello, no cabe argumentar la falta de declaración de interés general como una prohibición del uso para inadmitir la solicitud. Un límite y dos comprobaciones imprescindibles. El último párrafo de la DA 7.2 permite a los ayuntamientos excluir, mediante acuerdo plenario y por razones de interés público, determinadas actividades y usos de la legalización extraordinaria, incluidos los clasificados como condicionados. La DA 7.5.e precisa que, si existe ese acuerdo, únicamente se considerarán las actividades y usos expresamente prohibidos en él. En su ausencia, rigen las prohibiciones de la LSR y del resto de normativa aplicable. Estas exclusiones deben distinguirse de las medidas estéticas o de eficiencia que puede exigir el ayuntamiento, y no eliminan las restantes causas de inadmisión ni las exigencias del régimen de actividades. Así mismo deben realizarse dos comprobaciones específicas. La primera es la situación del uso concreto frente al restablecimiento de la legalidad. La antigüedad de una edificación no acredita automáticamente la de una actividad implantada después. Si existe un cambio de uso, debe examinarse su régimen propio conforme a la DA 7.1.c. La segunda es el cumplimiento de la Ley 7/2013, de actividades. Los apartados 2 y 10 de la DA 7 exigen incorporar el proyecto de actividades, ejecutar las adaptaciones necesarias y presentar posteriormente la declaración responsable correspondiente. Legalizar urbanísticamente el uso no equivale a prescindir de la habilitación para ejercer la actividad. Conclusión: la categoría de uso condicionado abre una posibilidad jurídica real Un uso condicionado no es un uso prohibido y puede legalizarse mediante la DA 7 en el suelo rústico general de Mallorca, sin declaración de interés general. Su viabilidad depende de que ya no proceda el restablecimiento, no concurra ninguna exclusión legal o municipal y se cumpla el régimen de actividades. Esos son los límites, no su carácter condicionado. La clave es determinar qué uso existe realmente y qué límites legales y municipales le son aplicables. Ahí se decide la legalización. Antoni Amengual Socio y abogado de RocaJunyent - Riutord Abogados.
23 de octubre de 2026
Acabamos de recibir la STS 1592/2026, por la que la Sala Primera estima el recurso extraordinario por infracción procesal y, parcialmente, el recurso de casación interpuestos en representación de Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Durante nueve años hemos defendido los intereses de Policlínica Nuestra Señora del Rosario (Ibiza) y Juaneda Hospitales (Menorca) que habían decidido abandonar el convenio UNESPA y reclamar a las aseguradoras los gastos de asistencia a lesionados de tráfico conforme a sus tarifas privadas. Más de 2.000 demandas después, este pronunciamiento representa un hito de especial significado para quienes hemos sostenido esa posición. El reto que representó el encargo realizado por nuestros clientes, se centró de manera muy privilegiada en la construcción de una estrategia hábil que permitiera la salida de las clientes del convenio UNESPA, y su potencial reclamación a las distintas compañías. No existían precedentes en España que nos permitieran afrontar el reto con la seguridad que otorga un camino ya avanzado por terceros. La controversia no se limitaba a la libertad de fijación de precios. Se discutía si las tarifas privadas podían fundamentar la reclamación frente a la aseguradora o si debían sustituirse por precios públicos por considerarse insuficientemente acreditada su razonabilidad. El Supremo acoge la procedencia de las tarifas privadas reclamadas en el caso, considera acreditada su adecuación al mercado y casa la sentencia que había reducido la condena mediante la aplicación de precios públicos. Es especialmente relevante su análisis de la prueba pericial económica: La Sala exige valorar conjuntamente sus resultados conforme al estándar de probabilidad prevalente propio del proceso civil y destaca la ausencia de prueba que acreditase el carácter excesivo o abusivo de los precios. Su alcance merece una lectura rigurosa. No consagra una facultad ilimitada para imponer unilateralmente cualquier tarifa. Lo que aporta es un fundamento de gran relevancia para la defensa de reclamaciones de hospitales privados que operan fuera del convenio, cuando la razonabilidad de sus precios esté debidamente acreditada. Por ello, considero que su proyección trasciende a nuestras representadas y merece especial atención por los centros sanitarios privados que valoren su posición fuera del marco convencional. Quiero felicitar a nuestras clientes y agradecerles la confianza con la que nos han acompañado durante todos estos años. Y quiero expresar, con igual intensidad, mi reconocimiento al numeroso equipo de abogados y abogadas de RocaJunyent - Riutord Abogados que ha trabajado conmigo durante esta última década. Gracias por el rigor, la dedicación y la perseverancia con los que habéis sostenido esta defensa, procedimiento a procedimiento. J. Riutord
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